Nietos y nietas, familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos participaron de la audiencia pública convocada por Diputados a raíz del encuentro de seis legisladores oficialistas con genocidas presos.
"No podemos permitir que quede como que no sabían con quién iban a hablar. Cómo esto es un delito político, políticamente hay que resolverlo. ¿De qué manera? Está en manos de ustedes, diputados y diputadas, decidir que estos diputados no puedan seguir representando al pueblo", advirtió Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, para dar inicio a la audiencia pública convocada por Diputados y moderada por Hugo Yasky. Durante casi tres horas, organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes, entre otros, expresaron su repudio al encuentro que seis legisladores nacionales del bloque oficialista mantuvieron con represores condenados por diversos delitos de lesa humanidad: torturas, violaciones, desaparición forzada y apropiación de bebés.
En un salón colmado del anexo de la Cámara de Diputados, muchos de los presentes fueron escuchados por una veintena de legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, a quienes requirieron tomen acción para sancionar a los diputados negacionistas que visitaron a los condenados detenidos en la Unidad 31 de Ezeiza. Dos diputados radicales también habían adherido a la audiencia pero no estuvieron presentes.
Pablo Llonto, abogado en causas de lesa humanidad, contó que realizó una presentación porque “hay una grave inconducta en haber concurrido a abrazar y recibir de parte de los genocidas no solo la complacencia sino también algún proyecto de ley para conseguir algún tipo de impunidad". Llonto explicó que “se habla un decreto y un proyecto de ley para beneficiar a los genocidas". “Son 1200 los genocidas condenados. Acá no hubo una guerra, hubo un plan de exterminio”, puntualizó y pidió “una sanción ejemplar” para los diputados y diputadas negacionistas.
A continuación, el nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit, miembro de la Comisión Directiva de Abuelas, contó que su madre fue secuestrada cursando el octavo mes de embarazo y, luego de un mes de torturas en Morón, fue trasladada a la ESMA. “Ahí nací en cautiverio como un animal. Fui apropiado y crecí sin saber mi saber mi origen, mi historia, como otros bebés, hoy adultos, que recuperaron su identidad gracias a la lucha de Abuelas”.
Guillermo expuso que “esta pequeña comisión de genocidas que recibieron a los diputados representa a otros 24 genocidas de esa unidad carcelaria", como Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable del secuestro y las torturas de su madre y su padre en la RIBA y apropiador de Sebastián Rochistein Tauro. Vázquez Sarmiento estuvo casi 20 años prófugo de la justicia.
Uno por uno, Guillermo repasó la cantidad de víctimas y los delitos por los que cumplen condena los represores en cuestión: Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda. "No son personas con una simple condena, son los criminales más feroces que tiene nuestro país”, concluyó.
Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor -una de las madres desaparecidas por Astiz-, amplió: "Ellos nos siguen debiendo explicaciones porque nunca dijeron qué pasó con nuestros familiares". También, consideró que "la ley contra el negacionismo es una obligación de esta casa".
A su turno, la ex diputada Myriam Bregman continuó con esa línea: “No son ex genocidas: cada uno, cada mañana, se levanta y renueva su pacto de impunidad y decide no decir dónde están los desaparecidos. Cada mañana dicen 'no voy a decir dónde está cada uno de los nietos que se están buscando'. Los nietos que se fueron recuperando no fue por ellos sino por la lucha de los Abuelas". Bregman fue contundente: "Hoy siguen renovando la apropiación de cada uno de esos bebés. Siguen manteniendo ese pacto de impunidad que construyeron".
El ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla contó que no se sintió sorprendido por la noticia porque “los procesos neoliberales siempre buscaron impunidad hacia quienes llevaron adelante el primer proceso neoliberal, que fue la dictadura militar". El nieto restituido también declaró: “Nuestra democracia merece diputados que estén a la altura de los avances que logró la sociedad en materia de derechos humanos".
Entre los legisladores y legisladoras que fueron tomando la palabra, intercalados con víctimas, familiares y representantes de diversos colectivos, fue creciendo la idea de que en la reunión del miércoles 7 de agosto debe conformarse una comisión investigadora que evalúe la sanción para los diputados y diputadas cuestionados.
En este sentido, Charly Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, expresó que hay un solo camino: “El artículo 66 de la Constitución permite remover a legisladores por inhabilidad moral. Estamos ante un hecho gravísimo en nuestra democracia con la visita a los genocidas, a personas que violaron a nuestras madres, que secuestraron, torturaron, que robaron bebés. Estos diputados visitaron a los que apropiaban sistemáticamente a los bebés. No a uno o dos, a casi 500".
Pisoni coincidió con un pedido que circuló en muchas de las presentaciones: "Nos parece muy importante que está Cámara sancione la ley contra el negacionismo presentada el año pasado. Les pedimos a los diputados que traten este proyecto porque el negacionismo, el odio, la crueldad, llevan a que se cometan hechos mucho más graves, como el de nuestra compañera Susana Montoya en Córdoba. Pedimos que se conforme la comisión investigadora y se expulse a los diputados de esta Cámara porque es lo que corresponde", finalizó.
