El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina y se expidió sobre la polémica en torno a la colisión del derecho a manifestarse y a circular, a días de la movilización recordatoria del 20 de diciembre del 2001.
“Lo ideal es que no llegue al juez”, dijo en primera instancia Rosatti, poniendo como antesala al juicio la buena voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. “¿Qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos y no confrontarlos”, expuso el abogado y docente universitario.
Consideró que si se definiera que uno de los derechos termina anulando al otro, entonces habría ganadores y perdedores, y que eso no es lo que corresponde cuando se habla de derechos constitucionales.
“La Corte norteamericana tiene jurisprudencia extensa sobre eso donde busca la ‘compatibilización’. Habiendo buena voluntad puede haber compatibilidad”, dijo y aclaró: “Esto en un contexto democrático. Otra cosa sería frente a un gobierno de facto”.
Por otro lado, y consultado sobre su visión acerca de la primera semana de Milei en el gobierno, dijo: “Lo veo como con mucho apasionamiento por temas constitucionales. A partir del discurso de Milei en las escalinatas del Congreso, miro lo que puede venir en función del panorama que pintó y las medidas que insinuó que iban a venir”.
Sobre las propuestas enunciadas por el entrante presidente dijo que podrían englobarse “técnicamente en términos constitucionales de emergencia”. Sin embargo recalcó que todo se debe hacer en base a lo que dicta la Constitución: “Las respuestas de emergencia se tienen que encontrar en la Constitución. Hay que buscar adentro, no afuera. Allí tienen que circunscribirse los tres poderes del Estado”.
En esa línea, detalló cuáles son las herramientas de emergencia con las que cuenta el Ejecutivo para aplicar medidas y que fueron incorporadas a la Constitución en la reforma de 1994. “Se incorporaron dos institutos: los DNU y la legislación delegada. Los DNU permiten al Presidente, en acuerdo de ministros, tomar decisiones que normalmente serían tomadas por leyes, pero nunca en tema de partidos, electorales, penales, o tributarios. Eso es por ley”.
Además, explicó que una vez firmado el DNU, pasa por una comisión bicameral de control, en donde se analiza por un plazo de diez días que luego se pasa al pleno para ser ratificados o no por el Congreso. “Otra decisión que puede tomar el Presidente, con permiso del Congreso, es de legislar, por un tiempo limitado, en temas de emergencia pública o administración, y siempre que el Congreso le de las bases definidas de los límites para legislar”, explicó.
El periodista Carlos Pagni le consultó sobre el futuro aumento de las tarifas, tras el plan económico de quitar los subsidios, y le recordó que durante el gobierno de Macri, la Corte resolvió dar marcha atrás a la suba del gas, anteponiendo la falta de crecimiento del salario. Rosatti dijo que se pueden aumentar las tarifas, pero con “previa audiencia pública”.
Sin embargo, marcó el integrante de la Corte Suprema que sólo el organismo puede intervenir si nota que las decisiones de un gobierno pueden atentar con el bienestar social. Lo justificó como “los efectos que las decisiones, causan” y la “racionalidad”. “Sobre el contenido de los derechos, la Corte ha dicho que si no se aniquila el derecho o no se lo desdibuja puede haber una afectación en términos de tiempo e intensidad. Eso se ve en cada caso concreto”.
“Todo juez debe tener en cuenta la juridicidad del procedimiento, o sea que se practique con igualdad”, dijo Rosatti, y dio ejemplos concretos para argumentarlo. Se vería deteriorada la igualdad si se define de un día para el otro que los hombres pagan un impuesto y las mujeres no, explicó, y añadió: “Si para terminar de raíz con el dolor de cabeza, el gobierno dice que le va a cortar la cabeza a la gente porque con la aspirina el dolor vuelve, ahí hay eje razonable para intervenir. Se interviene cuando hay una absoluta irracionabilidad”.
