La Confederación General del Trabajo criticó el protocolo "antipiquetes" que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el jueves. "Se interpreta como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social", aseguró en un comunicado en el que también resaltó que la medida "no favorece el clima social".
El protocolo titulado por la misma Bullrich "De Orden Público" determinó, entre otras cosas, que las cuatro fuerzas federales estarán habilitadas para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos. Además, Bullrich anunció consecuencias para aquellas madres o padres que lleven niños a las marchas y sumó además que el Estado no será el encargado de pagar los operativos de seguridad.
Sin embargo, la CGT le recordó a la ministra que "los trabajadores siempre hemos sido los primeros en respetar la ley porque sabemos que esa es la mejor garantía que tenemos para que nuestros derechos sean respetados".
"El protocolo publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación se interpreta como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional de la libertad de expresión y la libertad sindical", escribió el Consejo Directivo Nacional de la CGT.
En el comunicado, la central de trabajadores consideró que el procotolo "vulnera las libertades individuales y colectivas" y "no favorece el clima social que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, elemento esencial para el ejercicio de la libertad sindical". Además, "pretende subordinar la acción de la justicia al accionar policial y de las fuerzas de seguridad", criticó la CGT.
