Desde hace casi nueve meses, el Gobierno venía impulsando en el Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Masilla para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, pero a diferencia de lo que ocurrió con otros proyectos, en esta oportunidad no fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni su vice del Interior, Lisandro Catalán, quienes llevaron adelante las negociaciones con la oposición en el Congreso.
Al tratarse de un tema judicial, las conversaciones con el resto de los bloques quedaron en manos de Sebastián Amerio, hombre fuerte de Caputo en el Ministerio de Justicia, con la ayuda del principal asesor presidencial Santiago Caputo.
En los últimos días, el estratega libertario recibió en su oficina de Casa Rosada a los principales líderes de los partidos “dialoguistas”, pero no consiguió convencerlos de que apoyaran las candidaturas de los magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo.
De hecho, incluso la mayoría del PRO, un habitual aliado del oficialismo en el recinto, pero con el que actualmente hay ciertas tensiones por la competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, votaron el rechazo.
“Se reunieron con varios senadores y no lograron el acuerdo. Es más, solo lograron ponerlos más en contra”, sostuvo a Infobae una fuente parlamentaria que buscaba la aprobación de los pliegos.
