El gobierno nacional insiste con un fuerte Ajuste en obra pública, jubilaciones, docentes y ciencia, y amenaza con vetar/judicializar cualquier decisión del Congreso que busque atender las múltiples demandas sectoriales.
En particular, se advierte que la inversión en obra pública se encuentra en mínimos históricos: entre enero y mayo de este año cayó 82,2% real respecto a 2023, evidenciando un ajuste sin precedentes en los gastos de capital del Estado nacional. Las consecuencias son concretas: un año de desinversión planificada de Milei ya destruyó la inversión alcanzada en cuatro años.
Al respecto, un informe al que accedió este medio reveló que la proporción de rutas en buen estado cayó del 54,9% al 47,5% en lo que va de la gestión libertaria, mientras 23,5% quedaron en estado regular y 29% se encuentran directamente en mal estado. En otras palabras, un tercio de la red está en malas condiciones y menos de la mitad de las rutas se encuentran en estado óptimo. Esto podría agravarse aún más si se tiene en cuenta que el gobierno decidió recientemente disolver la Dirección Nacional de Vialidad a la par que fue eliminando diferentes fondos fiduciarios destinados a financiar obras de infraestructura. Como resultado, se agudizan aún más las brechas existentes a nivel federal: el estado de las rutas empeoró notablemente en 18 provincias y solamente 5 distritos viales tienen un porcentaje de kilómetros de ruta/autopistas en buen estado o regular más alto que durante la gestión anterior (no hay datos de Tierra del Fuego).
Un punto no menor: el costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina (incluye provincias) se estima en 4.213 millones de dólares y el costo de recuperación de la infraestructura actual (en caso de no ser cuidada) en 40.773 millones de dólares, es decir que las propias medidas adoptadas contradicen el argumento oficial de austeridad fiscal.
